HAY QUE
DOTAR A LA NUEVA POLICIA DE CIUDADANIA
"No seguir privatizando, ignorando, mintiendo y estigmatizando"
por Téc. Francisco Cordón, Subcomisario R, Concejal Godoy Cruz, Bloque Partido Verde
La violencia es un proceso que tiene historia,
por eso crece y cambia. La transformación actualmente tiene que ver el
aparecimiento de una
violencia moderna que
supera y coexiste a la tradicional.
La violencia tradicional es la expresión de un hecho cultural o de una
estrategia de sobre vivencia para ciertos sectores empobrecidos de la
población. Y la moderna es aquella que se organiza con la disposición explícita
de cometer un acto violento. Este tipo de violencia se desarrolla a través de
organizaciones con recursos, criterio empresarial, tecnología avanzada, nuevos
actores, transnacionalización del delito e infiltración en el sistema social.
Este tipo de violencia se expande con fuerza desde la mitad de la década del
‘80 y es el que genera el incremento de los hechos delictivos.
La violencia moderna constituye un espacio que no
reconoce fronteras dado su carácter ubicuo, pero que tiende a privilegiar lo urbano.
Por eso estamos viviendo un proceso de urbanización de la violencia en la sub
región andina, lo cual -bajo ningún punto de vista- significa que la ciudad sea
fuente de violencia por sí misma. Con la urbanización acelerada de la
subregión, hoy tenemos que la mayor parte de la población vive en ciudades y
que, por tanto, la mayor cantidad de delitos se concentran en las urbes.
Lo
que sí se evidencia es una falta
de correlación entre urbanización y violencia. El predominio de la
población urbana, el incremento del número de ciudades y la generalización de
la urbanización, no son causales del incremento de la violencia. Lo que ocurre
es que en las ciudades se concentra el mayor número de casos de violencia
porque hay más población, pero de allí extraer una correlación de que a mayor
urbanización mayor violencia hay una distancia muy grande.
El Estado se ve desbordado en sus capacidades y
pierde su condición de garante de la seguridad ciudadana. Las limitaciones de
las políticas represivas y de control, y ante el aumento de la delincuencia y
la corrupción de los aparatos punitivos, conduce -en un contexto de
modernización del estado- a la privatización de la seguridad. La
privatización de la seguridad permite que ciertos sectores sociales -entre los
cuales se encuentran policías retirados y políticos truchos- promuevan empresas
de seguridad privada y algunos con relación de dependencia en algunos
municipios y ministerios emprendan negociados, licitaciones gruesas en torno a
productos de seguridad como son cámaras, móviles, tachas de frenado, otros. Se
desarrollan un conjunto de actividades económicas vinculadas a la seguridad,
como la venta de servicios y productos: armas, alarmas, seguridades, defensa
personal, perros, cercos perimetrales, cámaras de seguridad, etc. Este
marginamiento en la administración de justicia produce un copamiento del
control de la violencia por parte de la sociedad civil, a través, por ejemplo,
de la justicia por su propia mano (hartazgo). De esta manera, la seguridad
tiende a ser patrimonio exclusivo de los sectores sociales que pueden
adquirirla y, por lo tanto, un factor regresivo adicional de la calidad de vida
de la población.
Estamos
inmersos en un mundo que ha cambiado en materia o abordaje sobre seguridad
humana, ciudadana o pública. La seguridad es transversal a todas las
actividades humanas para entenderlo.
El
Estado nacional y provincial ha perdido capacidad para brindar seguridad a sus
habitantes. Hay un avance muy fuerte de crecimientos de las estructuras
criminales en Latinoamerica, no estamos ajenos a los asesinatos de figuras
políticas en Ecuador, intento de asesinato de la Vicepresidenta de Argentina,
Terrorismo internacional recientemente evidenciado con los ataques perpetrados
por HAMAS a Israel, asesinato de Villavicencio, por mencionar algunos hechos.
Hay
una tendencia que crece de violencia que afecta a todo el sistema y
evidentemente la vida cotidiana y los procesos electorales de diferentes países
lo analizan en las fases previas a elecciones, solo cuando necesitan votos.
El
Estado nacional, provincial y municipal en Argentina están perdiendo capacidad
de respuesta. La población no cree más en los políticos mentirosos y chantas.
El
ingreso de droga de Colombia, Perú, Paraguay es un hecho para nuestro país con
alto índice de narcomenudeo representativo para muchos municipios y provincias
argentinas.
Colombia
está con una sobreproducción de cocaína superior al 30% lo que hace que el
precio haya caído notablemente. De novecientos dólares el kilo ahora se consigue
en trescientos dólares el kilo.
Existen
políticas públicas sobre seguridad en Argentina sin dudas, lo que no existe es
un plan organizado para racionalizar acciones, recursos, definir objetivos,
concertar acuerdos, etc.
Hay
que trabajar en la macropolítica y ecopolítica para que los países de consumo,
venta, lavado, tránsito de drogas se
junten y armen una estrategia conjunta.
Los ricos cercan sus
barrios, los desocupados se hacen piqueteros y cierran las calles. Se dirá
que lo primero es legal y lo segundo no, pero en realidad existen multitud de
casos donde el cerco de los barrios acomodados se realiza usurpando espacio
público.
Las
cárceles de Argentina tienen un vínculo exterior muy fuerte. Ya no son
universidades del delito son fábricas u oficinas del delito, ahí se organizan
una serie de hechos delictivos incluso con convivencia política y judicial
importante. Sectores vip, celulares, salidas periódicas, un mundo del que no se
habla.
Los
políticos están al margen del país, hablan de estos flagelos en elecciones y
tocan de oído, una vez que ganaron dejan en el olvido las promesas
eleccionarias. El impacto de este abandono es dramático por carecer de planes y
proyecciones en el tiempo para atenuar la violencia. ¿Se acuerdan del mapa del
delito de uno político mendocino conocido?
Hay
una forma políticamente incorrecta de abstraerse de la realidad que estamos
viviendo que es la de escaparle al flagelo, y poner en términos livianos los
hechos de inseguridad por temor a perder votos o una o varias elecciones
proselitistas. No es circunstancial el nivel elevado de votos nulos y en blanco
de los últimos escrutinios, no solo ocurridos en Mendoza, Argentina, sino en
Latinoamerica toda.
Los actuales políticos no alcanzan a definir la
seguridad, no saben si es un espejismo o una realidad. No alcanzan a dilucidar
en forma acotada los aspectos puntuales de la relación teórica entre ciudadanía
y seguridad individual o colectiva. Tampoco las diferentes formas de violencia
en América Latina y menos fuera de nuestro contexto como por ejemplo MEDIO
ORIENTE. Todo esto exige replantear el problema de la seguridad desde
perspectivas distintas a las tradicionales (la visión estatal nacional ha
errado la puntería).
Todo
sugiere un negocio, en vez de poner especialistas en Seguridad de trayectoria o
experiencia en el terreno, se negocian los cargos y contratos entre quienes
desarrollaron tareas de militancia política. Claro ejemplo de varios
Ministerios de Seguridad provinciales que presentan el mismo flagelo. Las fuerzas
policiales han sido reducidas significativamente en número por habitante y los
presupuestos provinciales cada vez son menores.
Ni
hablar de las violencias urbanas, entendiendo a esta violencia en ciudades como
una manifestación particular del conflicto social (hablando de Ciencias
Sociales). No solo basta conocer o comprender la naturaleza social de la violencia
urbana sino gestionarla políticamente mediante formas o diferentes expresiones
de ella.
Tampoco
quieren hablar de criterios situacionales, relación de esta con la estructura
de cada ciudad, ámbito y espacio social en donde se produce, actores
involucrados y motivaciones para infringirla.
Tampoco
quieren hablar del hombre policía o de otras fuerzas del orden que carecen de
derechos laborales como cualquier ciudadano, con bajos salarios, sin garantías
procesales o judiciales, abandonados
totalmente hasta su retiro, estigmatizado por la misma sociedad producto del
discurso negativo construido por políticos y pauta amarillista.
Estamos
inmersos en varias clasificaciones, violencia institucional, violencia social, violencia política, violencia económica,
violencia intrafamiliar ,de género y violencia común. Todas ellas con
diferentes especificidades y matices que requieren la elaboración de nuevos
subtipos.
Hemos
aprendido a vivir en ellas, tenemos un comportamiento ya acostumbrado a la
violencia.
La
violencia forma parte del entramado social, donde vemos que si no empezamos a
trabajar en educación, salud, justicia, policías y penitenciarios, cárceles y
reos, servicios sociales, medios de
comunicación, desarrollo urbano y participación comunitaria o ciudadana,
estamos condenados al fracaso.
La seguridad ciudadana debe
ser asumida de manera inmediata. Es un problema
internacional, de interés colectivo y público, que compromete al conjunto de la
sociedad y sus instituciones. Así como no es un problema de exclusiva
responsabilidad de la policía y la justicia, ni tampoco es sólo del gobierno,
la población no puede excluirse y quedar pasiva, porque el paternalismo estatal
no conduce a la formación de ciudadanía.
Siendo la ciudadanía la
fuente y fin de la seguridad ciudadana, se requiere su participación en la
solución del problema (por ejemplo, en vez de privatizar la policía, dotarla de
ciudadanía). Pero también una nueva institucionalidad que la asuma, en
la que bien podría participar la municipalidad por ser el órgano estatal más
cercano a la sociedad civil y a la vida cotidiana. El municipio es una entidad omnipresente en el contacto con la
población y tiene un gran reto: abrir dentro de sus competencias un área
especializada en juventud, ancianidad y familia.
Pero no será suficiente si no se hace control de la apología de la violencia que realizan algunos
medios de comunicación y en especial la televisión, si no se modifican los
factores de la cultura lúdica basada en el alcohol, drogas, el control de las armas de fuego, el desarme de la población, la
iluminación y transporte barrial, el desarrollo de campañas de seguridad
ciudadanas y defensa civil. Enfrentar la
violencia exige una visión y acción globales, porque en el mejor de los casos
"las medidas aisladas solo tienen efectos marginales" (Ratinoff-Bid,
1996)
En el campo penal se debe avanzar más en la búsqueda de una
racionalidad jurídica fundada en el derecho ciudadano, en la desburocratización
y agilidad de la justicia, que en el incremento de las penas. Hay que diseñar
mecanismos que tiendan a resolver pacíficamente los conflictos y espacios donde la ciudadanía pueda
conciliar y hacer justicia. Se requiere de una institucionalidad que procese los conflictos, sobre la base de
una pedagogía de la convivencia ciudadana inscrita en una estrategia de orden
público democrático. Por eso hay que modernizar y descentralizar el sistema
judicial para que sea menos politizado y más eficiente. Y, por otro lado,
reducir la conflictividad judicial, por ejemplo, con la introducción de la
justicia comunitaria, la conciliación y el arbitraje para descongestionar el
sistema judicial, y la puesta en práctica de agencias comunitarias, comisarías
de familia o de género. En otras palabras, hay que introducir mecanismos
alternativos de solución de conflictos, que respeten la diversidad y que
legitimen la justicia
consuetudinaria (derecho nacido de la costumbre).
Es singular la importancia de la investigación, articulada al
diseño de políticas y programas públicos. Pero debe ser una investigación que
combine aspectos teóricos y operativos. Este es un campo que requiere un
desarrollo teórico y una producción de información confiable.
Es necesario repensar, redefinir y fortalecer los espacios de
socialización fundamentales de la sociedad urbana latinoamericana: la familia,
la escuela, los medios de comunicación, la ciudad, etc., así como la creación
de nuevos "lugares" y mecanismos institucionales para la solución de
los conflictos, de pedagogía para la convivencia, la comunicación y la
expresión de sentimientos.
No se puede luchar contra el crimen sin la existencia de una
política social explícita. El control no puede eliminarse, pero sí
transformarse, desde una estrategia de orden público democrático donde la
policía, la justicia y los derechos humanos jueguen otro papel.
Hace falta diseñar estrategias
ciudadanas de prevención y control, inscritas en visiones de gobierno de
la seguridad, que vayan más allá de lo policial y del estrecho marco nacional.
Es necesario construir una "gobernabilidad de la violencia" que surja
de una estrategia que vaya de lo local a lo internacional, pasando por la
escala nacional, y que involucre a la sociedad toda.
Desde nuestro espacio político (equipos técnicos) que brinda el
Partido Verde Mendoza y en conjunto con los distintos movimientos policiales
como son Grupo Unión, Movimiento Azul y grupos varios de retirados policiales,
seguiremos trabajando incansablemente hasta concientizar a la ciudadanía del
valor de las Instituciones de seguridad, educativas y salud sobre todo que
interactúan en la Provincia de Mendoza.
El problema que nos aqueja en nuestro país y en el mundo es la
pérdida de la palabra, nuestro problema no es económico, social, de justicia,
de hambre, estas son resultantes de haber perdido la palabra. La palabra no
tiene fuerza no tiene vigor, no tiene luz, no tiene candor, no tiene amor, la
palabra se perdió.
Creo que el gran desafío de los políticos modernos es recuperar la
palabra, encontrarla y darle esa fuerza, luz, amor y candor para un cambio
social importante y trascendente en el ser humano.
