HAY QUE DOTAR A LA NUEVA POLICIA DE CIUDADANIA

 

HAY QUE DOTAR A LA NUEVA POLICIA DE CIUDADANIA

"No seguir privatizando, ignorando, mintiendo y estigmatizando"

                                                            por Téc. Francisco Cordón, Subcomisario R, Concejal Godoy   Cruz, Bloque Partido Verde

La violencia es un proceso que tiene historia, por eso crece y cambia. La transformación actualmente tiene que ver el aparecimiento de una violencia moderna que supera y coexiste a la tradicional. La violencia tradicional es la expresión de un hecho cultural o de una estrategia de sobre vivencia para ciertos sectores empobrecidos de la población. Y la moderna es aquella que se organiza con la disposición explícita de cometer un acto violento. Este tipo de violencia se desarrolla a través de organizaciones con recursos, criterio empresarial, tecnología avanzada, nuevos actores, transnacionalización del delito e infiltración en el sistema social. Este tipo de violencia se expande con fuerza desde la mitad de la década del ‘80 y es el que genera el incremento de los hechos delictivos.

La violencia moderna constituye un espacio que no reconoce fronteras dado su carácter ubicuo, pero que tiende a privilegiar lo urbano. Por eso estamos viviendo un proceso de urbanización de la violencia en la sub región andina, lo cual -bajo ningún punto de vista- significa que la ciudad sea fuente de violencia por sí misma. Con la urbanización acelerada de la subregión, hoy tenemos que la mayor parte de la población vive en ciudades y que, por tanto, la mayor cantidad de delitos se concentran en las urbes.

Lo que sí se evidencia es una falta de correlación entre urbanización y violencia. El predominio de la población urbana, el incremento del número de ciudades y la generalización de la urbanización, no son causales del incremento de la violencia. Lo que ocurre es que en las ciudades se concentra el mayor número de casos de violencia porque hay más población, pero de allí extraer una correlación de que a mayor urbanización mayor violencia hay una distancia muy grande.

El Estado se ve desbordado en sus capacidades y pierde su condición de garante de la seguridad ciudadana. Las limitaciones de las políticas represivas y de control, y ante el aumento de la delincuencia y la corrupción de los aparatos punitivos, conduce -en un contexto de modernización del estado- a la privatización de la seguridad. La privatización de la seguridad permite que ciertos sectores sociales -entre los cuales se encuentran policías retirados y políticos truchos- promuevan empresas de seguridad privada y algunos con relación de dependencia en algunos municipios y ministerios emprendan negociados, licitaciones gruesas en torno a productos de seguridad como son cámaras, móviles, tachas de frenado, otros. Se desarrollan un conjunto de actividades económicas vinculadas a la seguridad, como la venta de servicios y productos: armas, alarmas, seguridades, defensa personal, perros, cercos perimetrales, cámaras de seguridad, etc. Este marginamiento en la administración de justicia produce un copamiento del control de la violencia por parte de la sociedad civil, a través, por ejemplo, de la justicia por su propia mano (hartazgo). De esta manera, la seguridad tiende a ser patrimonio exclusivo de los sectores sociales que pueden adquirirla y, por lo tanto, un factor regresivo adicional de la calidad de vida de la población.

Estamos inmersos en un mundo que ha cambiado en materia o abordaje sobre seguridad humana, ciudadana o pública. La seguridad es transversal a todas las actividades humanas para entenderlo.

El Estado nacional y provincial ha perdido capacidad para brindar seguridad a sus habitantes. Hay un avance muy fuerte de crecimientos de las estructuras criminales en Latinoamerica, no estamos ajenos a los asesinatos de figuras políticas en Ecuador, intento de asesinato de la Vicepresidenta de Argentina, Terrorismo internacional recientemente evidenciado con los ataques perpetrados por HAMAS a Israel, asesinato de Villavicencio, por mencionar algunos hechos.

Hay una tendencia que crece de violencia que afecta a todo el sistema y evidentemente la vida cotidiana y los procesos electorales de diferentes países lo analizan en las fases previas a elecciones, solo cuando necesitan votos.

El Estado nacional, provincial y municipal en Argentina están perdiendo capacidad de respuesta. La población no cree más en los políticos mentirosos y chantas.

El ingreso de droga de Colombia, Perú, Paraguay es un hecho para nuestro país con alto índice de narcomenudeo representativo para muchos municipios y provincias argentinas.

Colombia está con una sobreproducción de cocaína superior al 30% lo que hace que el precio haya caído notablemente. De novecientos dólares el kilo ahora se consigue en trescientos dólares el kilo.

Existen políticas públicas sobre seguridad en Argentina sin dudas, lo que no existe es un plan organizado para racionalizar acciones, recursos, definir objetivos, concertar acuerdos, etc.

Hay que trabajar en la macropolítica y ecopolítica para que los países de consumo, venta, lavado,  tránsito de drogas se junten y armen una estrategia conjunta.

Los ricos cercan sus barrios, los desocupados se hacen piqueteros y cierran las calles. Se dirá que lo primero es legal y lo segundo no, pero en realidad existen multitud de casos donde el cerco de los barrios acomodados se realiza usurpando espacio público.

Las cárceles de Argentina tienen un vínculo exterior muy fuerte. Ya no son universidades del delito son fábricas u oficinas del delito, ahí se organizan una serie de hechos delictivos incluso con convivencia política y judicial importante. Sectores vip, celulares, salidas periódicas, un mundo del que no se habla.

Los políticos están al margen del país, hablan de estos flagelos en elecciones y tocan de oído, una vez que ganaron dejan en el olvido las promesas eleccionarias. El impacto de este abandono es dramático por carecer de planes y proyecciones en el tiempo para atenuar la violencia. ¿Se acuerdan del mapa del delito de uno político mendocino conocido?

Hay una forma políticamente incorrecta de abstraerse de la realidad que estamos viviendo que es la de escaparle al flagelo, y poner en términos livianos los hechos de inseguridad por temor a perder votos o una o varias elecciones proselitistas. No es circunstancial el nivel elevado de votos nulos y en blanco de los últimos escrutinios, no solo ocurridos en Mendoza, Argentina, sino en Latinoamerica toda.

Los  actuales políticos no alcanzan a definir la seguridad, no saben si es un espejismo o una realidad. No alcanzan a dilucidar en forma acotada los aspectos puntuales de la relación teórica entre ciudadanía y seguridad individual o colectiva. Tampoco las diferentes formas de violencia en América Latina y menos fuera de nuestro contexto como por ejemplo MEDIO ORIENTE. Todo esto exige replantear el problema de la seguridad desde perspectivas distintas a las tradicionales (la visión estatal nacional ha errado la puntería).

Todo sugiere un negocio, en vez de poner especialistas en Seguridad de trayectoria o experiencia en el terreno, se negocian los cargos y contratos entre quienes desarrollaron tareas de militancia política. Claro ejemplo de varios Ministerios de Seguridad provinciales que presentan el mismo flagelo. Las fuerzas policiales han sido reducidas significativamente en número por habitante y los presupuestos provinciales cada vez son menores.

Ni hablar de las violencias urbanas, entendiendo a esta violencia en ciudades como una manifestación particular del conflicto social (hablando de Ciencias Sociales). No solo basta conocer o comprender la naturaleza social de la violencia urbana sino gestionarla políticamente mediante formas o diferentes expresiones de ella.

Tampoco quieren hablar de criterios situacionales, relación de esta con la estructura de cada ciudad, ámbito y espacio social en donde se produce, actores involucrados y motivaciones para infringirla. 

Tampoco quieren hablar del hombre policía o de otras fuerzas del orden que carecen de derechos laborales como cualquier ciudadano, con bajos salarios, sin garantías procesales  o judiciales, abandonados totalmente hasta su retiro, estigmatizado por la misma sociedad producto del discurso negativo construido por políticos y pauta amarillista.

Estamos inmersos en varias clasificaciones, violencia institucional, violencia social,  violencia política, violencia económica, violencia intrafamiliar ,de género y violencia común. Todas ellas con diferentes especificidades y matices que requieren la elaboración de nuevos subtipos.

Hemos aprendido a vivir en ellas, tenemos un comportamiento ya acostumbrado a la violencia.

La violencia forma parte del entramado social, donde vemos que si no empezamos a trabajar en educación, salud, justicia, policías y penitenciarios, cárceles y reos,  servicios sociales, medios de comunicación, desarrollo urbano y participación comunitaria o ciudadana, estamos condenados al fracaso.

La seguridad ciudadana debe ser asumida de manera inmediata. Es un problema internacional, de interés colectivo y público, que compromete al conjunto de la sociedad y sus instituciones. Así como no es un problema de exclusiva responsabilidad de la policía y la justicia, ni tampoco es sólo del gobierno, la población no puede excluirse y quedar pasiva, porque el paternalismo estatal no conduce a la formación de ciudadanía.

Siendo la ciudadanía la fuente y fin de la seguridad ciudadana, se requiere su participación en la solución del problema (por ejemplo, en vez de privatizar la policía, dotarla de ciudadanía). Pero también una nueva institucionalidad que la asuma, en la que bien podría participar la municipalidad por ser el órgano estatal más cercano a la sociedad civil y a la vida cotidiana. El municipio es una entidad omnipresente en el contacto con la población y tiene un gran reto: abrir dentro de sus competencias un área especializada en juventud, ancianidad y familia.

Pero no será suficiente si no se hace control de la apología de la violencia que realizan algunos medios de comunicación y en especial la televisión, si no se modifican los factores de la cultura lúdica basada en el alcohol, drogas,  el control de las armas de fuego, el desarme de la población, la iluminación y transporte barrial, el desarrollo de campañas de seguridad ciudadanas y defensa civil. Enfrentar la violencia exige una visión y acción globales, porque en el mejor de los casos "las medidas aisladas solo tienen efectos marginales" (Ratinoff-Bid, 1996)

En el campo penal se debe avanzar más en la búsqueda de una racionalidad jurídica fundada en el derecho ciudadano, en la desburocratización y agilidad de la justicia, que en el incremento de las penas. Hay que diseñar mecanismos que tiendan a resolver pacíficamente los conflictos y espacios donde la ciudadanía pueda conciliar y hacer justicia. Se requiere de una institucionalidad que procese los conflictos, sobre la base de una pedagogía de la convivencia ciudadana inscrita en una estrategia de orden público democrático. Por eso hay que modernizar y descentralizar el sistema judicial para que sea menos politizado y más eficiente. Y, por otro lado, reducir la conflictividad judicial, por ejemplo, con la introducción de la justicia comunitaria, la conciliación y el arbitraje para descongestionar el sistema judicial, y la puesta en práctica de agencias comunitarias, comisarías de familia o de género. En otras palabras, hay que introducir mecanismos alternativos de solución de conflictos, que respeten la diversidad y que legitimen la justicia consuetudinaria (derecho nacido de la costumbre).

Es singular la importancia de la investigación, articulada al diseño de políticas y programas públicos. Pero debe ser una investigación que combine aspectos teóricos y operativos. Este es un campo que requiere un desarrollo teórico y una producción de información confiable.

Es necesario repensar, redefinir y fortalecer los espacios de socialización fundamentales de la sociedad urbana latinoamericana: la familia, la escuela, los medios de comunicación, la ciudad, etc., así como la creación de nuevos "lugares" y mecanismos institucionales para la solución de los conflictos, de pedagogía para la convivencia, la comunicación y la expresión de sentimientos.

No se puede luchar contra el crimen sin la existencia de una política social explícita. El control no puede eliminarse, pero sí transformarse, desde una estrategia de orden público democrático donde la policía, la justicia y los derechos humanos jueguen otro papel.

Hace falta diseñar estrategias ciudadanas de prevención y control, inscritas en visiones de gobierno de la seguridad, que vayan más allá de lo policial y del estrecho marco nacional. Es necesario construir una "gobernabilidad de la violencia" que surja de una estrategia que vaya de lo local a lo internacional, pasando por la escala nacional, y que involucre a la sociedad toda.

Desde nuestro espacio político (equipos técnicos) que brinda el Partido Verde Mendoza y en conjunto con los distintos movimientos policiales como son Grupo Unión, Movimiento Azul y grupos varios de retirados policiales, seguiremos trabajando incansablemente hasta concientizar a la ciudadanía del valor de las Instituciones de seguridad, educativas y salud sobre todo que interactúan en la Provincia de Mendoza.

El problema que nos aqueja en nuestro país y en el mundo es la pérdida de la palabra, nuestro problema no es económico, social, de justicia, de hambre, estas son resultantes de haber perdido la palabra. La palabra no tiene fuerza no tiene vigor, no tiene luz, no tiene candor, no tiene amor, la palabra se perdió.

Creo que el gran desafío de los políticos modernos es recuperar la palabra, encontrarla y darle esa fuerza, luz, amor y candor para un cambio social importante y trascendente en el ser humano.